Sociedades, seguros y registros

Para la justicia, alquilar un depósito como vivienda es legal

Como especialistas en derecho bancario y de la vivienda, podemos ayudarte ante cualquier necesidad en estas áreas, como por ejemplo la reclamación por manipulación del IRPH. En este post te presentamos el caso de un alquiler un tanto peculiar.

Se sabe de muchos casos de comunidades, consorcios o edificios se ponen en alquiler habitaciones, anexos y superficies que, en principio, estaban destinados a depósito o guardamuebles.

En un fallo de 2009, la Justicia entendió que alquilar este trastero o habitación no constituía una violación legal por parte de una comunidad o consorcio.

El Tribunal Supremo de Madrid, Sala Civil, entendió que no había razones para hacer lugar al pedido de una mujer que había demandado a una comunidad de propietarios de Majadahonda.

La demandante llevó a juicio al consorcio de propietarios porque estos permitieron que se alquilara a terceros los trasteros o habitaciones anejas a las viviendas.

La demandante había argumentado que esta renta del trastero violaba la Ley de Propiedad Horizontal y el artículo 396 del Código Civil.

El párrafo primero del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que “al propietario y al ocupante del piso no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los Estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Sin embargo, el juez entendió que “el arrendamiento de los cuartos trasteros como viviendas o apartamentos independientes a terceras personas para que residan en los mismos, no puede considerarse, como pretende la apelante, que haya sido permitido por la comunidad, y menos que con esta actividad se respeten las normas de convivencia indispensables para la buena marcha de la misma, como terminantemente expresa el citado acuerdo”.

Al margen de esta sentencia, te recomendamos ir al Registro Catastral o de la Propiedad cuando vayas a rentar un inmueble. Además, leer bien el contrato de alquiler que firmas, sobre todo si la habitación o casa que vas a rentar forma parte de un consorcio. Si eres propietario, te aconsejamos leer la Ley de Propiedad Horizontal, para evitar trastornos judiciales.

Cinco tips para conseguir financiación

¿Necesitas dinero para conseguirte un coche, pagar una cuota de un  viaje o comprar insumos para montar tu emprendimiento? Pues hay varias opciones de financiación para considerar.

Primero deberás definir qué tipo de ayuda financiera necesitas. No es lo mismo un crédito que un préstamo. Habíamos hablado en este blog sobre esta diferencia, en relación con las viviendas.

En general, los bancos tienen demasiados requisitos y cobran altos intereses para cederte dinero.

En este contexto, una vez definido el tipo de ayuda que requieres, tendrás que revisar tu situación crediticia (es lo que evaluará el banco). ¿Tienes trabajo? ¿Cuál es tu salario? ¿Tienes solicitud de préstamos en otra entidad? ¿Apareces como moroso o deudor? Huelga recordar la dificultad que supone estar en listas de morosos a la hora de solicitar un préstamo. Si es tu caso, en MAP y Asociados podemos ayudarte a salir de estas listas.

Si no reúnes las condiciones o te resulta cara la tasa de interés ofrecida por la entidad, puedes volcarte a buscar el dinero en otra parte. Y ese el tercer tip: puedes acudir a otras fuentes financieras, como prestamistas privados, créditos de tu empresa –si eres un trabajador en relación de dependencia- e incluso utilizar el acumulado de una póliza de seguros (por ejemplo, si tienes un seguro de vida).

Todas estas variantes están más que bien explicadas en esta nota de la revista Consumer. Incluso, te advierten sobre las estafas.

El cuarto tip tiene que ver con otra variante que crece en tiempos de crisis: los préstamos preconcedidos. En general sirven para operaciones menos onerosas, como pagar un viaje o comprar un electrodoméstico. Aquí también te consultarán si tienes trabajo (para ver tu solvencia), si operas financieramente (por ejemplo, si tienes una cuenta corriente o caja de ahorros). Son créditos líquidos pero normalmente caros.

Está bien explicado en esta otra nota de Consumer.

El quinto tip vale para cualquier tipo de financiación: no realices operaciones cómo éstas por internet ni con personas que te inspiran desconfianza: si vas a solicitar un préstamo, olvídate del “depósito inicial para gastos administrativos” que suelen pedir los estafadores. Es una treta común, sobre todo en los créditos prendarios y adjudicación de planes para comprar automóviles.

Cómo evitar el fraude en alquileres por internet

La asociación Facua-Consumidores en acción ha denunciado una serie de intentos de estafa que circula en avisos clasificados en distintos portales de internet.

Según la denuncia, se promete engañosamente el alquiler de una vivienda y se exige el pago adelantado, antes de visitar el piso.

El fraude se realiza de manera online, ya que los estafadores presentan precios muy atractivos y sólo ofrecen como contacto una casilla de correo electrónico.

El fraude consiste en exigir el pago adelantado o envío de remesa de dinero. “Sin embargo, la empresa que mencionan no ofrece dicho servicio ni los anunciantes son propietarios de la vivienda, siendo los propios estafadores los que recibirían directamente las cantidades exigidas”, explica Facua en un comunicado.

Para evitar este tipo de fraude, los especialistas recomiendan:

• No enviar dinero adelantado sin antes tomar contacto personalmente con el supuesto propietario: pedirle dirección, teléfono y móvil.

• Visitar, en lo posible, el inmueble a arrendar.

• Consultar los datos del inmueble en el Registro de la Propiedad y cotejarlos con quienes dicen ser los dueños.

• Evitar envío de remesas: es preferible hacer una transferencia bancaria, puesto que las entidades financieras dan un plazo para revocarlas.

Si tienes alguna duda para verificar los datos del inmueble o del propietario, siempre es preferible asesorarte. También, puedes consultar a tu abogado antes de firmar el contrato de alquiler. En MAP y Asociados podemos ayudarte ante cualquier tipo de fraude, como el de la manipulación del IRPH.

Prevención de riesgos laborales para pequeñas empresas

Uno de los ítems más caros para un empresario pequeño es cargar con los costes de, por ejemplo, un accidente laboral. En este sentido, los empresarios están obligados a cumplir distintas normativas respecto de la seguridad, higiene y prevención de riesgos en el lugar de trabajo, como indica la ley 31/1995.

Algunos comercios y microempresas, por ejemplo una tintorería, deben además cumplimentar aspectos de seguridad de sus empleados: por ejemplo, en la manipulación de agentes químicos.

Para hacer una evaluación sencilla de tu PYME y saber en qué situación te encuentras respecto de los riesgos laborales, puedes probar Evalua-T, una herramienta online para cumplir tus obligaciones en materia preventiva (excepto la vigilacia de la salud).

Esta herramienta es gratuita y está pensada para empresas con menos de 10 empleados. Tú mismo harás una evaluación de riesgos asociados a tu negocio.

En la herramienta se enseña a detectar los riesgos, armar un plan preventivo e identificar las líneas de acción respecto de qué hacer ante un accidente.

Si quieres leer más sobre seguridad en el trabajo, puedes recorrer la web de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, siempre puedes contar con el respaldo de nuestros expertos en materia de asesoría laboral.

Nuevo plan de estimulo económico y apoyo al emprendedor (2)

Apoyo a la financiación por 45.000 millones de eurosbancos 2

  • Apoyo a la financiación bancaria en 32.000 millones de euros.
    • Líneas de Mediación del ICO, con una dotación de 22.000 millones de euros.
    • Impulso a la estrategia de negocio dirigida a PYMES por las entidades bancarias  saneadas, 10.000 millones de euros.
  • Sistemas públicos de avales y garantías para la financiación bancaria que permitirán movilizar 1.720 millones de euros.
    • Refuerzo del capital de CERSA.
    • Creación de una Línea de avales CESCE para PYMES.
  • Impulso de la desintermediación bancaria y al capital riesgo, movilizando fondos por 2.176 millones de euros.
    • Constitución de un Fondo de Fondos encargado de licitar y adjudicar inversiones entre gestoras de capital de riesgo en áreas y sectores vinculados a la internacionalización y la mejora de la competitividad.
    • Creación de la Red Nacional de Incubadoras de Empresas.
    • Refuerzo de los programas de préstamos participativos en empresas.
    • Impulso a los Business angels o inversiones formales.
    • Mejora del acceso a fondos para la implantación de PYMES españolas en el exterior.
  • Facilitación del acceso a los mercados de capitales para movilizar 3.300 millones de euros.
    • Flexibilización del acceso al Mercado Alternativo Bursátil.
    • Creación del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARFI).
    • Creación de la Línea de mediación de pagarés y bonos de empresa para facilitar la puesta en marcha de MARFI.
  • Fondo de Titulización de préstamos a PYMES.
    • Con una dotación de 3.000 millones de euros para avalar emisiones de fondos de titulización de préstamos a PYMES.
  • Ampliación del Plan de Pago a Proveedores.
    • Con una dotación de 2.684 millones de euros.
    • Se podrán adherir las Entidades Locales de País Vasco y Navarra incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado y determinadas entidades locales distintas del municipio.
    • Se incluyen también las obligaciones pendientes de pago derivadas de contratos de gestión de servicios públicos, bajo la modalidad de concesión, para facturas anteriores al 31/12/11.
  • Medidas de lucha contra la morosidad en la operaciones comerciales.
    • Se establece un plazo de pago de 30 días para todas las operaciones privadas, ampliables como mucho a los 60 y se aumentan los intereses de demora.
    • A su vez, las Administraciones Públicas en sus Planes de Ajuste deberán establecer una senda de reducción de sus deudas con proveedores, que será vigilada muy estrechamente.
    • Ley reguladora de la facturación electrónica en las AA.PP.

 

Reformas sanitarias: Copago farmacéutico, sanitario y Ley de Extranjería

El Ejecutivo dio luz verde a la incorporación de la reforma del copago sanitario y la desfinanciación de medicamentos para “garantizar la sostenibilidad” del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como introdujo una modificación en la Ley de Extranjería para evitar que los extranjeros vengan a España sólo a recibir asistencia sanitaria

Copago farmacéutico

A partir del 30 de junio de 2012, aquellos jubilados con pensiones contributivas tendrán que pagar un 10% de los medicamentos que necesiten en la farmacia, hasta un máximo de 18 euros mensuales. Aquellos que tengan pensiones inferiores a 18.000 euros anuales también tendrán que pagar la mitad del coste, con un tope de 8 euros al mes. Sin embargo, si la pensión del asegurado alcanza los 100.000 euros éste deberá abonar el 60% del coste, asemejándose así a los activos con el mismo sueldo. Quienes tengan una pensión no contributiva no tendrán que sumarse al copago farmacéutico.

 

Los parados de larga duración, es decir, aquellos que hayan agotado sus prestaciones por desempleo, también se libran de esta medida y no pagarán por los fármacos que les receten. Las rentas más altas, que superan los 100.000 euros, el máximo a pagar será de 60 euros al mes y deberán pagar el 60% del fármaco; reduciéndose al 50% si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40% para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros.

 

 

Por otro lado, y para garantía financiera del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno dispone la creación de un Fondo de Garantía Asistencial, con carácter extrapresupuestario. Así se cubrirán “los desplazamientos entre comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla de personas que gozan de la condición de asegurado”, tal y como describe el BOE.

El objetivo de la reforma sanitaria es conseguir un ahorro estimado de 7.000 millones de euros, de los cuales casi la mitad, unos 3.550 millones de euros, se conseguirá con las medidas antes narradas; la desfinanciación pública de fármacos “obsoletos” o “con menor terapéutico”; un plan para el impulso de medicamentos genéricos, nuevos precios de referencia y el ajuste de los envases a la duración de los tratamientos.

Copago sanitario

La ley de reforma sanitaria publicada el 24 de abril del 2012  en el BOE deja fuera del nuevo copago farmacéutico en función de la renta a todos los funcionarios incluidos en MUFACE e ISFAS, que es la mutualidad que gestiona la atención sanitaria de este colectivo de empleados públicos formado por alrededor de 1,6 millones de personas (entre titulares y familiares beneficiarios), según los datos de esta entidad.

De esta forma, los funcionarios incluidos en MUFACE seguirán con su regulación actual según la cual abonan el 30% de los fármacos que consumen; y el 10% que ahora abonarán los pensionistas con un máximo mensual en función de su renta.

Si bien, dichos mutualistas tienen otras ventajas relacionadas con su jubilación, ya que pueden retirarse a los 60 años voluntariamente, habiendo cotizado 30 o más años, con una penalización del 25% de la pensión (inferior a los casos similares de la Seguridad Social) o sin penalización si se han cotizado más de 35 años. Este beneficio afecta aproximadamente a unos 900.000 funcionarios ahora en activo, que adquirieron esta condición antes del 1 de enero de 2011. A partir de esa fecha, todo nuevo funcionario debe ingresar en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de jubilación, aunque pueden mantener su condición de mutualistas de MUFACE para su atención sanitaria si así lo desean.

Ley de Extranjería

El Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró que ya no bastará solo con estar empadronado. «Necesitarán la residencia fiscal» y demostrar que viven efectivamente en España.

Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.

En estos momentos, las personas indocumentadas tienen la posibilidad de acceder a una ‘tarjeta sanitaria solidaria‘. Es decir, aunque no estén afiliados a la Seguridad Social, si demuestran que carecen de recursos económicos, se les concede el documento.

Actualmente la tarjeta sanitaria de cualquier persona afiliada a la Seguridad Social (sea española o extranjera) da derecho a que sus hijos y familiares directos tengan acceso en iguales condiciones al sistema sanitario.

El Gobierno introducirá un artículo en la normativa europea relativa al derecho de los ciudadanos a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros de la UE. Este artículo prohíbe desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria.

España recibe una compensación económica por la atención a los ciudadanos de países de la UE que residen en nuestro país al menos seis meses al año. Por ejemplo, por los europeos que viven en Murcia, Sanidad recibió 14,2 millones de euros en 2009. Al resto de extranjeros que no residen de forma habitual se les factura la asistencia (no a ellos, sino a sus países).

Sin embargo, el problema son las prácticas indebidas, recogidas por el Tribunal de Cuentas, como por ejemplo empadronarse en España y a través de la tarjeta europea ser atendido en el país de origen con cargo a España. También hay fallos en los mecanismos de pago que hacen que se pierda dinero.

Lo que dice la vigente ley

El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que “los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual” tienen derecho a la asistencia sanitaria “en las mismas condiciones que los españoles”.

Con todo, sin necesidad de estar empadronados, tienen derecho a la “asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica“. Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.

El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria “en las mismas condiciones que los españoles”.

Estadísticas

Anuario de 2011 de la Organización Mundial de la Salud (página 128 y siguientes)

1. España es de los países desarrollados que menos invierte en salud: sólo el 9,7% del PIB, entre sanidad pública (6,6%) y privada (3,1%). Francia gasta el 11,8%; Alemania, el 11,6%; Holanda, el 12%; y Estados Unidos, el 17,4%. 

2. El sistema público de salud le cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, que salen de sus impuestos. La media europea ronda los 2.100 euros. Francia (2.500), Alemania (2.600) o Reino Unido (2.100) también pagan más por habitante.

3. Por 1.500 euros al año, España consigue una cobertura pública, gratuita y universal (cuando en enero del 2012 el Gobierno cambia la ley para garantizar la sanidad universal) con unas prestaciones muy superiores a la media de la UE: la prueba es que tantos europeos vengan a operarse a España. En los países sin sanidad pública, no hay seguro privado que ofrezca unos servicios sanitarios de la misma calidad a un precio tan bajo.

4. España está entre los mejores países en casi todos los indicadores de salud: en esperanza de vida, en tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, es casi un 24% inferior a la media de la UE.

5. Que nuestra sanidad pública sea tan eficaz como barata significa que es uno de los mejores sistemas de salud del planeta, como así se reconoce fuera de España. Su eficiencia desmiente también dos falsedades: que el sistema sanitario español sea un lujo insostenible y que lo privado funcione siempre mejor que lo público.

Contratos suscritos con Entidades Bancarias: Seguros, SWAPS, Permuta Financiera

Aproximadamente a finales del año 2006, prácticamente la totalidad de los bancos y Cajas de Ahorro comenzaron a ofertar un producto dirigido a clientes, particulares y empresas, que tuvieran suscrito un préstamo hipotecario o de cualquier otra índole con la entidad.

El producto en cuestión se ofertó como un contrato de seguro completamente gratuito ante la posible subida de los tipos de interés. Sin embargo, los clientes que firmaron el producto descrubieron no mucho tiempo después que lo que les habían vendido resultó ser algo muy distinto a un seguro, más bien se trataba de un complejo derivado de alto riesgo, especulativo con los tipos de interés y tóxico.

Además, y según expertos en la materia, el producto está diseñado de forma que no sólo no cubre el riesgo de fluctuación de los tipos de interés, que es lo que se ofertaba, sino que incrementa ese riesgo, estableciéndose una serie de barreras que limitan considerablemente el beneficio que pudiera corresponder al cliente, limitación que no existe si el beneficio corresponde al banco. En resumen, el banco gana.

Casualmente, poco después de vendidos estos productos y firmados los contratos, los tipos de interés comenzaron a bajar estrepitosamente y, conforme a las más que poco claras cláusulas del contrato, los clientes comenzaron a recibir liquidaciones negativas que, en algunos casos, han supuesto pérdidas económicas muy elevadas.

¿ Cómo actuar en estos casos? ¿Hay alguna posibilidad de dejar sin efecto estos contratos y recuperar el dinero perdido?

Como siempre, habrá que estar al caso concreto y analizar el contrato firmado puesto que no todos los productos ofertados son iguales, pero lo cierto es que ya existe un número elevado de sentencias, tanto de Juzgados de Primera Instancia como de Audiencias Provinciales, que han declarado NULO el contrato firmado y en consecuencia, condenan al banco o a la caja a devolver al cliente las cantidades pérdidas con base al contrato firmado.

Las sentencias que han declarado la nulidad de estos contratos, se basan, entre otras cosas, en el error en que incurrió el cliente cuando firmó el contrato, error inducido por los empleados de las entidades bancarias que dieron una información errónea, no ajustada a la realidad y sin advertir en ningún momento de los riesgos asociados al producto, creando una evidente confusión al cliente.

Otra de las cosas tenidas en cuenta por los Tribunales para declarar la nulidad de este tipo de contratos es la dificultad que entraña para un cliente medio, sin especiales conocimientos finanacieros, comprender el contenido del contrato, plagado de cláusulas poco claras, a veces ininteligibles, con anglicismos, fórmulas que la mayor parte de los clientes desconocen.

En definitiva, cláusulas oscuras y abusivas que hacen nulo un contrato conforme a la normativa vigente.

Si se encuentra afectado por esta situación, póngase en contacto con MAP & ASOCIADOS y le asesoraremos e informaremos sobre los pasos a seguir para defender sus intereses, pudiendo librarse del abuso de los Swaps.

Comprar un coche usado: qué impuestos pagas

Si piensas en comprar un vehículo de segunda-mano deberás tener en cuenta los impuestos que deberás abonar. En esta operación debes pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, una tasa que se calcula en función del valor del vehículo así como su antigüedad. Su importe asciende al 4 % del precio del vehículo normalmente.

Si el vendedor del vehículo es un particular, esta adquisición queda sujeta al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y al de actos jurídicos documentados (AJD). Ahora, si quien vende es un empresario (cuya actividad es esa) debe liquidar el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Tienes 30 días para pedir ante la Jefatura Provincial de Tráfico la renovación del permiso de circulación del vehículo y justificar el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Lo mejor es acordar hacerlo con el vendedor.

Antes de comprar, verifica que el vendedor tiene en regla el pago del impuesto de circulación. “Si has adquirido el vehículo a un particular, recuerda que debes quedarte con el contrato de compraventa o una fotocopia, una fotocopia del documento de identidad del vendedor, la solicitud de cambio de titularidad del vehículo firmada por comprador y vendedor, y la documentación del vehículo (Tarjeta ITV, permiso de circulación y recibo del impuesto municipal pagado correspondiente al año anterior al trámite), (trámite de transmisión del vehículo)”, recomienda la Dirección General de Tránsito.

Si tienes dudas, consulta a nuestros asesores fiscales.

Beneficios fiscales para pymes y autónomos

Acaba de ingresar al Congreso una proposición de ley para reducir la morosidad en empresas medianas y pequeñas y también en los autónomos. La idea es compensar con incentivos fiscales y otras medidas a las pymes y ciudadanos autónomos para que paguen regularmente al fisco.

La proposición de ley prevé:

Aumentar los incentivos fiscales al ampliar las pymes alcanzadas: esto es, modificar el artículo 108 del impuesto a Sociedades y ampliar el concepto de “empresa reducida”: serán beneficiadas las compañías cuya cifra de negocios neta en el período fiscal anterior llegue a los 12 millones de euros (en la actualidad son 8).

Dar más plazo a autónomos y pymes para pagar IVA: los contribuyentes podrán retrasar el pago del IVA de las facturas pendientes hasta que éstas sean efectivamente cobradas, tal y como se ha permitido expresamente en la nueva redacción de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del IVA, en su última actualización del pasado 13 de julio. “el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos”, dice la proposición.

-Finalmente, como medida adicional mes, la nueva línea de crédito ICO-morosidad Entes Locales prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010, de 5 de julio, con el fin de facilitar que el Instituto de Crédito Oficial otorgue liquidez a las empresas y a los autónomos con créditos pendientes con las Entidades Locales.

Generar una línea más de crédito ICO: la propuesta prevé que en un mes (si es sancionada la norma) se instrumente una nueva línea crediticia ICO-morosidad Entes Locales, prevista en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Esta propuesta tiene vigencia para ser tratada por el Congreso hasta el 30/10. Si quieres conocer los detalles, puedes pinchar aquí.

Haga llegar sus dudas a nuestros asesores fiscales.

¿Tienes una sociedad o empresa? Habrá cambios penales importantes

El 23 de diciembre de 2010 entrará en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley Orgánica 5/2010.

Habrá varios cambios penales para las sociedades y organizaciones empresariales. En efecto, esta ley reconocerá más responsabilidad penal para las personas jurídicas.

El objetivo es poner penas imponibles a las personas jurídicas como la multa por cuotas y proporcional y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social en caso de que la empresa incurra en delitos.

La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.

Otra novedad es que si una empresa comete algún delito, aunque sea disuelta o cambie su composición, seguirá ligada a cumplir la condena (sea multa, inhabilitación o algo más grave, como prisión).

“La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión”, señala la norma.

Un agregado interesante es que, por ejemplo, habrá pago fraccionado de una multa impuesta a una persona jurídica, durante un período de hasta cinco años, “cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general”, indica la ley.

También se endurecen las penas para los extranjeros que residan ilegalmente en España y sean condenados por algún tipo de delito. En efecto, la norma establece que el condenado por podrá pisar suelo español por un período de cinco a diez años.

En otro orden de cosas, se establece también penas más duras para los delitos de estafas informáticas, sobre todo si es cometido por una empresa (la multa se triplicará a quintuplicará).

También se impondrán multas más graves (y prisión) para quienes violen la propiedad intelectual y los derechos de marca de un producto, servicio o actividades. De esto hablaremos en otra oportunidad.

Recuerda que puedes contar con el equipo de MAP & Asociados para asesorarte en cualquier ámbito que tu empresa precise, o bien para constituirla de manera gratuita.

Miguel Ángel Pérez Villegas


Miguel Ángel Pérez es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Graduado Social en ejercicio del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Madrid, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo.

Como Director del despacho MAP & ASOCIADOS, asesora a empresas, particulares, e instituciones, ya que cuenta con una amplia experiencia en el Derecho Civil, Laboral, Mercantil y Fiscal, a la vez que en todo lo relativo a Tráfico y Responsabilidad Civil, así como en el ámbito societario, financiero y del mercado de valores. Interviene en fusiones, adquisiciones, y financiación de proyectos, aconsejando a la par en planificaciones fiscales. Además media en el asesoramiento y constitución de sociedades deportivas, así como de clubes tanto elementales como básicos de ámbito deportivo.

Miguel Ángel Pérez desde MAP & ASOCIADOS, pone al servicio de sus clientes la experiencia y capacidad de los profesionales que componen su plantilla (Abogados, Graduados Sociales, Economistas, etc.), proporcionando un trato meticuloso tanto en el área dedicada a la Empresa en lo relativo a la consultoría fiscal, laboral, contable, etc. así como en el ámbito jurídico en cualquiera de las Áreas del Derecho, contando con expertos Economistas y Abogados colegiados.
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