Nueva ley de prevención y lucha contra el fraude

Con fecha de hoy se ha publicado en el BOE la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, cuya entrada en vigor es para mañana día 31 de octubre de 2012. Según las palabras del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la más ambiciosa de nuestra democracia.

Entre las principales novedades que debemos destacar son las siguientes:

Bienes en el extranjero. Los contribuyentes están obligados a declarar las cuentas, activos e inmuebles que tengan en cualquier país. Si se declaran datos incorrectos, serán sancionados con 5.000 euros. Pero el punto importante a tener en cuenta es, que el contribuyente debe demostrar que tales bienes fueron adquiridos con rentas declaradas en años anteriores. Caso de no poderlo demostrar, los ingresos se imputarán al periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos. Este cambio normativo hace que rentas no declaradas prescritas conforme a la normativa vigente, deban tributar al tipo marginal del IRPF, a lo que habrá que añadirle los correspondientes intereses de demora y la correspondiente sanción.

Pagos en efectivo. Se prohíben los pagos en efectivo en los que intervenga un empresario o profesional superiores a 2.500 euros. Hay que destacar que no afecta a las relaciones entre particulares. En caso de incumplimiento, ante la Agencia Tributaria, responderán ambas partes de forma solidaria, cuya sanción será del 25% del importe abonado en efectivo. La propia norma prevé un sistema de exoneración de responsabilidad si cualquiera de las partes denuncia el hecho antes de los tres meses siguientes.

Reforma del sistema de módulos. Para evitar el intercambio de facturas falsas, la norma prohíbe la tributación por este sistema a empresarios que facturen más del 50% del total de su facturación a otros empresarios y el volumen de sus rendimientos sea superior a 50.000 euros. La prohibición afectará a todos aquellos con rendimientos superiores a 225.000 euros, independientemente de a quienes facturen.

Mayores sanciones y otras nuevas. La presentación en papel en vez de por vía telemática de declaraciones será sancionable con 1.500 euros. Se aumentan las sanciones por no atender requerimientos de la Administración o por no aportar la información requerida será de 1.000 euros para los particulares y de 3.000 euros, como mínimo, pudiendo llegar hasta 600.000 euros, para los empresarios, profesionales o sociedades. Para los contribuyentes que siendo objeto de una inspección y no colaboren con los funcionarios de la Agencia Tributaria, se establecen sanciones que oscilan entre 1.000 euros y 100.000 euros para particulares, pudiendo llegar a un máximo de 600.000 euros sin son empresarios.

En MAP & Asociados somos expertos asesores y abogados. Entre nuestras especialidades destaca el derecho financiero, contando con grandes porcentajes de juicios ganados en casos como la reclamación de acciones preferentes.

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Miguel Ángel Pérez Villegas


Miguel Ángel Pérez es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Graduado Social en ejercicio del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Madrid, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo.

Como Director del despacho MAP & ASOCIADOS, asesora a empresas, particulares, e instituciones, ya que cuenta con una amplia experiencia en el Derecho Civil, Laboral, Mercantil y Fiscal, a la vez que en todo lo relativo a Tráfico y Responsabilidad Civil, así como en el ámbito societario, financiero y del mercado de valores. Interviene en fusiones, adquisiciones, y financiación de proyectos, aconsejando a la par en planificaciones fiscales. Además media en el asesoramiento y constitución de sociedades deportivas, así como de clubes tanto elementales como básicos de ámbito deportivo.

Miguel Ángel Pérez desde MAP & ASOCIADOS, pone al servicio de sus clientes la experiencia y capacidad de los profesionales que componen su plantilla (Abogados, Graduados Sociales, Economistas, etc.), proporcionando un trato meticuloso tanto en el área dedicada a la Empresa en lo relativo a la consultoría fiscal, laboral, contable, etc. así como en el ámbito jurídico en cualquiera de las Áreas del Derecho, contando con expertos Economistas y Abogados colegiados.
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