Reclamación rápida de deudas. El procedimiento monitorio

Existe un proceso por el que instar el cumplimiento judicial de una deuda. La ventaja de este procedimiento frente a otros, es la carencia de requisitos formales, lo que lo convierte en un procedimiento de tramitación sencilla.

Pese a ser un proceso caracterizado por la sencillez de su gestión, debemos saber que no carece de costas en todos los casos, puesto que en función de la cuantía reclamada, es posible que éstas se generen.

Este procedimiento únicamente se utilizará cuando se pretenda de otra parte el pago de una deuda dineraria, vencida y exigible de cantidad determinada, que no exceda de 30.000 euros. Del mismo modo, se exige que dicha deuda se acredite mediante documentos, facturas, etc. Por ello debe ser posible probar a la hora de la interposición de dicho procedimiento que dicha deuda existe y que es exigible, tal y como establecen los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Tramitación del Procedimiento:
Se inicia por medio de una petición en la que se deben indicar los datos personales del reclamante, los del reclamado y una explicación del origen de la deuda. El escrito deberá ir acompañando de los documentos de que se disponga y que justifiquen dicha deuda.
Una vez presentada la petición, y habiendo acreditada documentalmente la deuda, el juez requerirá al deudor para que en plazo de 20 días, bien pague o bien se oponga a dicha reclamación. Es posible que deje transcurrir el plazo sin pagar y sin oponerse. De la reacción del deudor, dependerá el transcurso del procedimiento, todo ello de la siguiente manera:

– Si paga, obviamente finaliza el procedimiento.
– Si no paga, y se opone, el procedimiento continuará por los trámites de Procedimiento civil que corresponda en función de la cuantía reclamada. Si es inferior a 3.000 euros será un juicio verbal, y si excede será un juicio ordinario.
– Si ni paga ni se opone el juez procederá al embargo de bienes suficientes del deudor para saldar la deuda.

Intervención de Letrado y Procurador:
Para la iniciación de este procedimiento, no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, independientemente de la cuantía que se reclame.
Si el deudor se opone al abono de la misma, y la cantidad que se reclama es superior a 900 euros, dicha oposición deberá ir firmada por abogado y procurador, siendo a partir de dicho instante necesarios sendos profesionales tanto para reclamante como para reclamado.

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Miguel Ángel Pérez Villegas


Miguel Ángel Pérez es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Graduado Social en ejercicio del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Madrid, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo.

Como Director del despacho MAP & ASOCIADOS, asesora a empresas, particulares, e instituciones, ya que cuenta con una amplia experiencia en el Derecho Civil, Laboral, Mercantil y Fiscal, a la vez que en todo lo relativo a Tráfico y Responsabilidad Civil, así como en el ámbito societario, financiero y del mercado de valores. Interviene en fusiones, adquisiciones, y financiación de proyectos, aconsejando a la par en planificaciones fiscales. Además media en el asesoramiento y constitución de sociedades deportivas, así como de clubes tanto elementales como básicos de ámbito deportivo.

Miguel Ángel Pérez desde MAP & ASOCIADOS, pone al servicio de sus clientes la experiencia y capacidad de los profesionales que componen su plantilla (Abogados, Graduados Sociales, Economistas, etc.), proporcionando un trato meticuloso tanto en el área dedicada a la Empresa en lo relativo a la consultoría fiscal, laboral, contable, etc. así como en el ámbito jurídico en cualquiera de las Áreas del Derecho, contando con expertos Economistas y Abogados colegiados.
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