Salarios de tramitación en despido… ¿Quién los paga?

La acción de despido de un trabajador, por sentencia judicial o por decisión del empresario, puede ser declarada procedente, improcedente o nula.

Si el despido es declarado nulo, únicamente cabe la readmisión del trabajador; en cambio, si es declarado improcedente, el empresario puede optar entre la readmisión o el abono de una indemnización de 45 días de salario por cada año trabajado.
En ambos casos, sea nulo o improcedente, además de lo señalado anteriormente, la empresa debe abonar al trabajador lo denominado salarios de tramitación.

Se denomina Salarios de tramitación a las cantidades que el trabajador ha dejado de percibir mientras se tramita un procedimiento judicial contra la decisión de extinguir su relación laboral. Se devengan desde el momento de la extinción hasta la fecha en que se dicte la sentencia judicial en la que se declare la nulidad, la procedencia o improcedencia del despido o se llegue a un acuerdo entre las partes o conciliación en el SMAC.

El importe de éstos coincidirá con el de los salarios que hasta la fecha venía percibiendo el trabajador, estando obligado el empresario a mantenerle en situación de alta en Seguridad Social durante este periodo. Como la cuantía de éstos se devenga durante la tramitación del procedimiento judicial, su importe dependerá directamente de la velocidad con que se tramite, haciéndose responsable al empresario del retraso que puedan tener los asuntos en el Juzgado.

En aras de evitar que ese retraso recaiga solamente sobre el empresario, si transcurren más de 60 días hábiles (sin contar los domingos y festivos) desde la presentación de la demanda en el Juzgado de lo Social hasta la notificación de sentencia que declare la improcedencia del despido, el empresario podrá reclamar al Estado, el abono de los salarios de tramitación pagados al trabajador que excedan de esos 60 días. Real Decreto 924/1982 (Hay que dejar presente, que tal reclamación puede efectuarse solamente cuando el despido es declarado improcedente, y no cuando sea nulo).

Por lo anterior, el empresario podrá reclamar en los siguientes supuestos:

a) Cuando la sentencia de instancia, que declara el despido improcedente, es dictada transcurridos más de 60 días hábiles desde la fecha en que se tuvo por presentada demanda por despido.
b) Cunado la sentencia que por primera vez declara el despido improcedente es la del Tribunal Superior de Justicia que conoce del recurso. Los salarios que excedan de 60 días hábiles desde que se presentó la demanda corren a cargo del Estado.
c) En ambos casos, los trabajadores pueden reclamar al Estado las cantidades correspondientes, ante el Delegado de Gobierno, cuando no hubieran conseguido su abono por parte de la empresa condenada a ello, y una vez fuera declarada la insolvencia provisional de la misma.

Del mismo modo, también corren a cargo del Estado las cotizaciones a Seguridad Social.

Para el cómputo de 60 días hábiles deben excluirse:

– Los días que corresponden al tiempo transcurrido en la subsanación de la demanda
– El correspondiente al aplazamiento de los actos de conciliación o juicio cuando la suspensión sea de mutuo acuerdo
– El periodo de suspensión cuando se alega falsedad de algún documento, así como los domingos y festivos.

Para presentar la solicitud existe plazo de un año, y el procedimiento utilizado es el de Reclamación Previa Administrativa, a la Delegación del Gobierno. En caso de que sea desestimada, se planteará demanda ante el Juzgado de lo Social.

¿Cómo evitar los salarios de tramitación?

El artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, señala la posibilidad de la empresa de reconocer la improcedencia del despido e ingresar en la cuenta dispuesta a tal efecto en el Juzgado de lo Social que corresponda la cantidad correspondiente a la indemnización de despido improcedente (45 días por año trabajado) en las 48 horas siguientes a la acción de despido, en caso de que el trabajador no quiera recibir tal cantidad.

En caso de que la improcedencia se reconozca en el acto de conciliación, la empresa deberá consignar además, los salarios de tramitación devengados hasta ese acto.

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Miguel Ángel Pérez Villegas


Miguel Ángel Pérez es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Graduado Social en ejercicio del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Madrid, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo.

Como Director del despacho MAP & ASOCIADOS, asesora a empresas, particulares, e instituciones, ya que cuenta con una amplia experiencia en el Derecho Civil, Laboral, Mercantil y Fiscal, a la vez que en todo lo relativo a Tráfico y Responsabilidad Civil, así como en el ámbito societario, financiero y del mercado de valores. Interviene en fusiones, adquisiciones, y financiación de proyectos, aconsejando a la par en planificaciones fiscales. Además media en el asesoramiento y constitución de sociedades deportivas, así como de clubes tanto elementales como básicos de ámbito deportivo.

Miguel Ángel Pérez desde MAP & ASOCIADOS, pone al servicio de sus clientes la experiencia y capacidad de los profesionales que componen su plantilla (Abogados, Graduados Sociales, Economistas, etc.), proporcionando un trato meticuloso tanto en el área dedicada a la Empresa en lo relativo a la consultoría fiscal, laboral, contable, etc. así como en el ámbito jurídico en cualquiera de las Áreas del Derecho, contando con expertos Economistas y Abogados colegiados.
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