Se sienta precedente legal de que cualquier persona aunque salgan policías puede sacar fotos

La sentencia del Juzgado de Instrucción argumenta que puede fotografiarse una actuación policial si la finalidad es legítima, entendiendo por tal según doctrina del Tribunal Constitucional, supuestos de relevancia pública o los casos en los que la grabación pretenda evitar o descubrir hechos delictivos, sin que “las limitaciones policiales a estos derechos por ‘razones de seguridad ciudadana’ sean tan amplias”, como esgrimió el oficial de la Guardia Civil denunciante.

Asimismo se argumenta la irrelevancia penal de una eventual orden policial para que la fotógrafa dejara de hacer fotos, por posible vulneración de la intimidad de los agentes actuantes, pues dicho “ataque a la intimidad no se habría producido todavía, sino que el requerimiento es preventivo y previo a una ulterior actuación que no se ha producido en el momento del requerimiento”.

Durante el juicio el oficial de la Guardia Civil decidió mantener la acusación a pesar de que la Fiscal pidió la absolución, al no apreciar norma ninguna que obligara a la fotógrafa a entregar su cámara al oficial para que visionara las fotos y borrara las que estimara “comprometedoras”.

El abogado defensor pidió la absolución para la fotógrafa al encontrarse ejerciendo el derecho fundamental a comunicar (y recibir) información veraz por cualquier medio de difusión (art. 20, 1 d) de la Constitución), y la Sentencia núm. 6/1981 del Tribunal Constitucional, que dice claramente que de este derecho fundamental gozan todos los ciudadanos, no solo los profesionales de la información.

La sentencia hace asimismo un interesante excurso sobre la legitimidad de los agentes de la autoridad en un estado democrático de derecho, donde “no toda orden emanada de un agente de las FCSE debe ser acatada ciegamente en pro del principio de seguridad”, debiendo ser analizada “en cada caso cuando un ciudadano no se enfrenta violentamente ni se niega injustificadamente a obedecer una orden sino que la discute de modo pacífico y al menos racionalmente fundado”, recordándonos asimismo que el estado de derecho se construye mediante la vinculación de todas las personas públicas y privadas a la ley, donde esta tiene por objetivo el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales.(fuente)

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Miguel Ángel Pérez Villegas


Miguel Ángel Pérez es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Graduado Social en ejercicio del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Madrid, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo.

Como Director del despacho MAP & ASOCIADOS, asesora a empresas, particulares, e instituciones, ya que cuenta con una amplia experiencia en el Derecho Civil, Laboral, Mercantil y Fiscal, a la vez que en todo lo relativo a Tráfico y Responsabilidad Civil, así como en el ámbito societario, financiero y del mercado de valores. Interviene en fusiones, adquisiciones, y financiación de proyectos, aconsejando a la par en planificaciones fiscales. Además media en el asesoramiento y constitución de sociedades deportivas, así como de clubes tanto elementales como básicos de ámbito deportivo.

Miguel Ángel Pérez desde MAP & ASOCIADOS, pone al servicio de sus clientes la experiencia y capacidad de los profesionales que componen su plantilla (Abogados, Graduados Sociales, Economistas, etc.), proporcionando un trato meticuloso tanto en el área dedicada a la Empresa en lo relativo a la consultoría fiscal, laboral, contable, etc. así como en el ámbito jurídico en cualquiera de las Áreas del Derecho, contando con expertos Economistas y Abogados colegiados.
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