Tasas judiciales para todos los ciudadanos que acudan a los Tribunales de Justicia.

Las tasas afectan solo al ámbito Civil, al Social (o Laboral) y al Contencioso-Administrativo. Queda exento el ámbito Penal y el Militar.

No todas las tasas se tendrán que pagar. Por ejemplo la interposición de demandas y presentación de posteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los matrimoniales que traten exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores. Tampoco se pagará en procedimientos establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral; la solicitud de concurso voluntario por el deudor; la interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios; la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000 euros. Por último, está exenta de tasas la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

Algunas tasas se tendrán que pagar en el momento de iniciar el procedimiento, aunque dependerá de los casos. En el ámbito Civil y en el Contencioso-Administrativo se pagara desde el momento en el que se interpone el escrito de demanda, se formula del escrito de reconvención, se solicita la declaración del concurso o se interpone el recurso contencioso-administrativo, así como los recursos de apelación y casación.

En el ámbito Social es diferente: solo se abona la tasa cuando se interpone el recurso de suplicación o de casación. En este caso, el trabajador o autónomo tendrá que pagar solo un 40 por ciento de la tasa.

El importe de las tasas se compondrá de una cantidad fija y otra variable. La fija oscila entre los 100 euros que cuesta un procedimiento monitorio hasta los 1.200 que puede costar un recurso de casación. La variable resulta de aplicar a la cuantía del proceso un tipo del 0,5% cuando esta no supere el millón de euros y del 0,25% cuando lo supere, con un máximo de 10.000 euros.

También las personas físicas, es decir, ciudadanos que no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita porque ganan más de 1.100 euros por unidad familiar.

Están exentos del pago, el Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Las tasas serán devueltas solo si la justicia te da la razón y si condena en costas al contrario. Hay muchos casos en los que la propia ley no prevé condena en costas, y por tanto la tasa no se puede repercutir legalmente, por ejemplo en apelaciones civiles y los recursos de casación, cuando son ganados por el recurrente. O en el ámbito del Derecho de Familia, en el que no suele haber  condena en costas. Tampoco habrá devolución de tasas cuando la parte contraria sea el Ministerio Fiscal. Eso sí, se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se alcance un acuerdo extrajudicial del pleito, y del 20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de procesos, teniendo derecho a la devolución desde la fecha en que se acuerde la misma.

La autoliquidación y la solicitud de devolución podrán presentarse en formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar el formulario correspondiente para cada uno de los modelos aprobados que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o por vía telemática a través de Internet.

En los supuestos en los que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la presentación de estos modelos se efectuarán de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet.

Modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución Extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos.

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Miguel Ángel Pérez Villegas


Miguel Ángel Pérez es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Graduado Social en ejercicio del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Madrid, y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo.

Como Director del despacho MAP & ASOCIADOS, asesora a empresas, particulares, e instituciones, ya que cuenta con una amplia experiencia en el Derecho Civil, Laboral, Mercantil y Fiscal, a la vez que en todo lo relativo a Tráfico y Responsabilidad Civil, así como en el ámbito societario, financiero y del mercado de valores. Interviene en fusiones, adquisiciones, y financiación de proyectos, aconsejando a la par en planificaciones fiscales. Además media en el asesoramiento y constitución de sociedades deportivas, así como de clubes tanto elementales como básicos de ámbito deportivo.

Miguel Ángel Pérez desde MAP & ASOCIADOS, pone al servicio de sus clientes la experiencia y capacidad de los profesionales que componen su plantilla (Abogados, Graduados Sociales, Economistas, etc.), proporcionando un trato meticuloso tanto en el área dedicada a la Empresa en lo relativo a la consultoría fiscal, laboral, contable, etc. así como en el ámbito jurídico en cualquiera de las Áreas del Derecho, contando con expertos Economistas y Abogados colegiados.
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